En las últimas décadas, desde los años 60 del pasado siglo, la Universidad en España ha avanzado por caminos que la llevaban de un modelo elitista -tanto por las fórmulas de acceso, como por el objetivo final de su formación- hacía un sistema mucho más democrático y abierto a la sociedad. Durante algunos años, la Universidad cumplió con uno de sus grandes objetivos, ser la pasarela que permitía a las clases populares prosperar y tener acceso a puestos técnicos y políticos de primer nivel. Incluso durante algún tiempo, algunos llegamos a pensar que la Universidad no sólo era el lugar en el que se formaban los profesionales más cualificados, sino que también era el lugar llamado a formar ciudadanos libres y críticos. Y todo ello se logró o estaba en camino de lograrse desde una institución eminentemente pública y, en buena manera, apartada de los vaivenes políticos partidarios.
Es cierto que no todos los objetivos se lograron y que, en los últimos años, había parte de ellos que parecían totalmente olvidados (la formación de ciudadanos libres y críticos) y, además, el propio desarrollo del modelo universitario había generado una serie de disfunciones que atenazaban el futuro de la Universidad Pública:
-La falta de un modelo claro que compensara el protagonismo entre la investigación y la formación y, dentro de esta, la destinada a formar técnicos para las empresas y la que debía fomentar el cultivo de ciudadanos libres.
-Las presiones derivadas de la endogamia y de la autonomía cortijera de un buen número de estructuras universitarias (desde los departamentos, hasta los órganos de gobierno de las Universidades)
-La pérdida de horizonte de la función social que toda Universidad, al menos las sostenidas con fondos públicos, debe asumir y las derivadas del mismo crecimiento acelerado de la institución pública. (En Andalucía, en sólo 25 años -de 1972 a 1997- el número universidades se quintuplica y pasa de 2 -Granada y Sevilla- a 10 -una por provincia, más la UPO y la UIA-).
Este crecimiento acelerado no viene acompañado de una planificación rigurosa, por lo que muchos estudios se implantan más por presiones endogámicas que por necesidades del tejido social que los sustenta.
Esta es, a grandes rasgos y con un trazo un poco grueso, la situación en el sistema universitario público español. Un sistema que hace 50 años comenzó un camino desde la exclusividad y el elitismo hacia la democratización y la universalidad; que logró notables avances y colaboró activamente en la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, pero que nunca alcanzó los objetivos que muchos nos habíamos planteado. Es más, a nuestro juicio, en los últimos años, se encuentra un tanto perdida en su propio laberinto de endogamias y autonomías mal entendidas, absorta en la auto-contemplación y la autocomplacencia y necesitada de un nuevo impulso revitalizador.
De manera paralela al crecimiento de las contradicciones de la Universidad, se dan dos procesos que están en cierta manera entrelazados y que están teniendo efectos devastadores sobre el sistema universitario, amenazando incluso las conquistas que se habían logrado y apuntando el futuro de la universidad directamente hacia el pasado más negro, más insolidario y elitista.
EL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN
El primer proceso se establece en las rondas de Uruguay y Doha de la Organización Mundial del Comercio que dan como fruto el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) y el segundo se desarrolla a la sombra de la crisis económica que sacude occidente y España a partir de 2005 por la explosión de las burbujas inmobiliaria y financiera que, en buena parte, se habían generado al abrigo de los acuerdos alcanzados en esas mismas rondas de liberalización del comercio.
A pesar de que los gobiernos nacionales tienen la potestad de excluir servicios específicos del ámbito de aplicación del AGCS, también se encuentran sometidos a presiones internacionales por parte de intereses empresariales para que no excluyan ningún servicio prestado "en condiciones comerciales". La sanidad y la educación estarían incluidas dentro de los servicios que se pueden “comercializar”. A largo plazo, esto podría propiciar la privatización o mercantilización de gran parte, o incluso de todos los servicios públicos disponibles para la población en general, considerados como un derecho social sostenido mediante impuestos. En su lugar se pasaría a un sistema en el que los servicios serían prestados por concesionarias privadas, o incluso a un sistema totalmente privatizado en el que sólo estarían disponibles para quienes puedan pagarlos.
Este proceso se encuentra bastante avanzado en muchos países, a menudo sin informar o consultar a la ciudadanía, como está ocurriendo en España desde hace años y de forma acelerada desde el estallido de la crisis. Y todo ello, a pesar de que en 2001, diversas asociaciones universitarias firmaron un manifiesto instando a los gobiernos a no incluir la enseñanza post-secundaria en los acuerdos del AGCS. Suscribían el documento la Association of Universities and Colleges of Canada, el American Council on Education y el Council for Higher Education Accreditation, y la European University Association.
Este objetivo de las grandes lobbys del dinero de hacer negocio en los nichos tradicionales de los servicios públicos de la enseñanza y la sanidad, tuvo su primer reflejo en la paralización inmediata de la fase expansiva de las universidades públicas en España, donde no se crean nuevas entidades desde finales del siglo pasado, mientras se produce la eclosión de instituciones privadas dedicadas a este negocio, porque el estudio superior ha dejado de ser un derecho para convertirse en un negocio, con importantes componentes ideológicos.
Pero el gran ataque contra el modelo público de enseñanza superior se pone en marcha a rebufo de la crisis económica generada, en buena parte, por la aplicación de las propuestas recogidas en los AGCS a los servicios financieros. Tras la excusa económica -con difícil defensa si se tienen en cuenta los factores derivados de los beneficios de la investigación y la formación de un país- se esconde, por más que traten de ocultarlo, un evidente interés de imposición de un modelo ideológico conservador, regresivo y elitista. Un modelo que conlleva aparejada la exclusión de los estudios universitarios de amplias capas de la población y, a medio plazo, de un adelgazamiento importante del sistema universitario con la consiguiente extinción de titulaciones, cierre de centros universitarios y despidos masivos de PDI y de PAS.
EL FINAL DE UNA ERA Y LA GESTIÓN DE UNA ESTAFA
Lo que está ocurriendo en las universidades públicas sigue, con escasas variantes, el camino emprendido para realizar una remodelación ideológica en profundidad del modelo social, aprovechando como escusa la aparición de una crisis económica generada por los mismos que tratan de hacernos aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
Tras la caída del muro de Berlín y de los países de la órbita comunista, el capitalismo ha decidido eliminar todos los frenos a la acumulación masiva del capital, unos frenos que habían tenido su razón de ser mientras había un sistema alternativo que podía resultar atractivo para la población. Por eso, el capitalismo acepta durante décadas la aparición y desarrollo de políticas socialdemócratas en las que el beneficio privado se veía coartado por la creación, mantenimiento y desarrollo de unas políticas y unos sistemas de protección social. El objetivo era que la población optara por un sistema capitalista con rostro humano frente a sistemas de socialismo real, en los que la supuesta dictadura del proletariado había mutado a dictaduras de partido único o de líder carismático.
La caída del muro de Berlín y la desaparición de modelos globales alternativos permitió que el capitalismo fuera, primero de manera cauta y pasados unos años de manera desbocada a terminar con todos los vestigios de la socialdemocracia para dar paso al nuevo capitalismo globalizado, sin freno y sin fronteras que impidieran la multiplicación de los beneficios de unos pocos. La globalización económica en sí misma ya era un salto cualitativo para el capitalismo, que alcanzó cotas de acumulación de capital nunca antes soñadas: un siglo de plusvalías, ya que por primera vez y gracias a la deslocalización de la producción pudieron fabricar a precios del s.XIX y vender a precios del s.XXI.
Pero nada era suficiente y tras la deslocalización y sus efectos perversos en el mercado de trabajo local, comenzó una carrera de ingeniería financiera. Había que dar salida al exceso de liquidez logrado en el proceso acumulativo de producción y con decisiones políticas como la emisión masiva de euros para ayudar a Alemania a reflotar el nivel de vida de sus ciudadanos del este tras la reunificación del país. Todos esos excesos de capital alimentaron la burbuja financiera a nivel global y la burbuja inmobiliaria en España hasta niveles insoportables, a pesar de las voces de alarma que se alzaron sobre la irresponsable manera de actuar de banqueros y políticos. A fin de cuentas procesos similares ya se habían producido en otras economías de forma reciente (Japón) y más lejana (crash del 29).
Estaba cantado que la marea de productos financieros tóxicos iba a terminar como acabó, pero nadie hizo nada por evitarlo, entre otros motivos porque la crisis que siguió al estallido de la burbuja iba a ser el marco ideal para implantar la ideología más reaccionaria y para acabar con las conquistas sociales que se habían logrado. Primero nos hicieron creer que la culpa de la crisis era nuestra, porque habíamos gastado por encima de nuestras posibilidades y luego lograron convencernos de que los mismos que nos habían llevado a aquella situación eran quienes nos iban a sacar de ella y, además, que sólo había un camino para salir de la misma que pasaba por la austeridad y el desmontaje del estado del bienestar.
En estos momentos, el papel de la Universidad, de toda la materia gris que funcionaba gracias al esfuerzo económico de los ciudadanos, fue cómplice o, al menos, no lo suficientemente crítico con los responsables de la crisis y no cumplió con los ciudadanos alertándoles de la gran estafa que se estaba fraguando. Y había suficientes datos para desmontar las mentiras de los poderosos, tanto sobre la responsabilidad de la crisis como sobre los posibles caminos para salir de ella y eso que hubo casos, como el de Islandia, que en el mismo momento histórico optaron por caminos diametralmente opuestos, mucho más solidarios y, sobre todo, mucho más justos que han dado unos resultados éticos y prácticos mucho mejores que el camino impuesto por Alemania a los países del sur, con la inestimable colaboración de nuestros gobiernos.
El silencio cómplice de las instancias universitarias se vio recompensado en un primer momento con mantener a la institución fuera del objetivo de los ajustes más duros. El gobierno necesitaba de la autoridad cómplice de la Academia para desviar el foco sobre los verdaderos responsables de la quiebra del modelo; para acometer el desmontaje de los derechos laborales y los derechos sociales; para estrangular el apoyo a los dependientes y para acometer el desmontaje y la privatización de la sanidad y de la enseñanza pública no universitaria; para transformar en negocio nuestros derechos ciudadanos; para desplegar sus políticas de control social y de represión a la disidencia y para calcular la capacidad de resistencia de los ciudadanos a los palos.
Ahora que la mayor parte del trabajo ya está hecho, ahora vienen a por la institución universitaria, mientras que sus miembros andamos perdidos en disquisiciones y calculando si los efectos de este ataque me afectarán a mí en lo personal (lo que sería totalmente intolerable) o sólo afectarán a mi compañero (lo que los convertiría en soportables) o a mi rival académico (lo que los transmutaría en justos y necesarios).
UN DESMONTAJE POR ETAPAS Y CON CÓMPLICES
El ataque contra la Universidad pública se fragua porque así interesa a los grupos financieros, que ven en el ámbito de la enseñanza superior una gran oportunidad de negocio, y porque, tras el impulso recibido en los primeros años de la democracia, es necesario que el modelo final de la Universidad se aparte lo más posible de nuestras ideas de una institución al servicio de la mayoría social y trampolín para la ascensión social de las clases menos favorecidas.
El acoso comienza en torno a 1997, fecha a partir de la cual no se crean más universidades públicas y, en cambio, se favorece la proliferación de universidades privadas. De manera sutil, al principio y más evidente con el paso de los años, las universidades públicas se enfocan a la generación de investigación relacionada con el mundo empresarial, mientras que las privadas se centran fundamentalmente en la docencia. La actividad docente apenas tiene reconocimiento en la carrera del PDI de las universidades públicas, y el fruto de las investigaciones sufragadas con fondos públicos termina favoreciendo a intereses particulares, que se apropian de los beneficios de la tecnología desarrollada. Esta situación, que se podría revertir con la publicación de las investigaciones en sistemas de Open Acces, se ha enconado en los últimos tiempos por la aparición de entes como Cedro, que trata de apropiarse de todas las publicaciones generadas en el ámbito universitario.
Pero esa división del trabajo entre docencia e investigación tiene más efectos perniciosos para la Universidad pública, ya que la docencia se ve muy perjudicada, siendo impartida en muchos casos por personal subcontratado en condiciones draconianas y con una formación no lo suficientemente asentada para realizarla con criterio y con calidad suficiente.
En los últimos años, además, los políticos responsables de la Universidad han iniciado una cadena de cambios estructurales de gran calado, sin la suficiente maduración y sin tener en cuenta los costes que podrían suponer. Primero fue el plan Bolonia, una reforma de gran calado, con muchos planteamientos didácticos positivos o muy positivos y con algunas tendencias que podrían ser peligrosas al suponer una mayor presencia empresarial en el ámbito universitario. Finalmente, los aspectos más positivos de la ley no se pudieron concretar por falta de financiación, mientras que los peligros se concretaron en su máximo nivel, convirtiendo a los estudiantes universitarios en mano de obra de barata y cualificada para las empresas que, además de apropiarse de los beneficios de la tecnología, se quedaron también con una mano de obra muy motivada y formada, sin ningún tipo de derechos e intercambiable año a año.
Con la llegada del PP y la gestión directa de la crisis, la situación ha empeorado. Su gestión se caracteriza por la fragmentación (cambios parciales que hacen difícil la movilización contraria) y por la socialización de los ataques (el Gobierno establece el marco y facilita el material y las instrucciones, pero deja que sean otros -comunidades autónomas, universidades o los propios integrantes de la comunidad universitaria- los que realicen el trabajo sucio). En los dos últimos años, hay dos de estas actuaciones que explican claramente esta manera de actuar: la reducción del número y la cuantía de las becas y el endurecimiento de las condiciones para acceder a las ayudas, por un lado; y la transformación del modelo de estudios de grado y post grado del 4+1, recientemente establecido y no evaluado, en un 3+2 en el que los dos años de master tendrían un coste difícilmente asumible por los estudiantes de las clases populares.
En ambos casos son modificaciones parciales que, aparentemente, sólo afectan a los alumnos y en los que es difícil lograr la solidaridad de PAS y PDI, colectivos que, en ocasiones colaboran gustosos en su aplicación. Además, en ambos casos, la aplicación concreta de la idea del gobierno corresponde a las universidades, pero estas se ven totalmente condicionadas al no contar con financiación suficiente para aplicar modelos distintos a los establecidos por el marco gubernamental.
Esta dos últimas medidas, citadas sólo a modo de ejemplo, pueden ser muy útiles para entender cómo medidas que son vendidas como destinadas a premiar la excelencia y a castigar la mediocridad, y que en principio sólo afectan a un colectivo concreto (los estudiantes con pocos ingresos y notas insuficientes) son en realidad disparos muy pensados para llevarse por delante todo el modelo de Universidad Pública. En estos primeros meses de aplicación de las medidas ya se ha registrado una importante reducción de las matrículas e incluso de la oferta de plazas en postgrados. Esa reducción de usuarios llevará aparejada de manera casi inmediata una reducción de las plantillas docentes, un cierre de titulaciones y una nueva reducción de plantillas y de forma automática una nueva reducción de plantillas del PAS.
Esta situación, unida a la proliferación de rankings como el del BBVA en el que las universidades privadas quedan sorprendentemente bien paradas en el apartado de docencia, llevará a los hijos de familias con recursos a los centro privados más elitistas, mientras que los centros universitarios se reservan para la investigación que pueda ser rentable para las empresas y para entidades como Cedro; pero no, evidentemente, para la sociedad y las capas más populares. De seguir esta tendencia, en pocos años (menos de una década) asistiremos inermes a la desaparición de titulaciones, al cierre de centros y a la clausura de Universidades; a despidos masivos entre el PAS y el PDI y difícilmente podremos oponernos a la destrucción de un sistema que necesita cambios, pero justamente en la línea opuesta a la que plantea el Gobierno. Cuando vengan a por nosotros, estaremos solos y enfrentados.
Aún estamos a tiempo de analizar correctamente las cosas, de explicar a la ciudadanía la estafa que se está fraguando a sus espaldas, y a luchar contra las intenciones ocultas del Gobierno y de los grandes poderes financieros que no quieren, bajo ningún concepto, tener una población formada e informada. Para ello, en primer lugar, debemos dejar de ser cómplices con el expolio y, en segundo, debemos ser protagonistas de impulsar el modelo de Universidad que queremos y que se merece la sociedad que nos paga: una universidad al servicio de las necesidades sociales y de la formación de hombres y mujeres, técnicamente competentes, pero críticos y capaces de convivir y desarrollarse en libertad.
